CERMI Andalucía recuerda que ya existen esas exigencias de accesibilidad para el servicio público del taxi, mientras que los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor, por su aparición y generalización posterior en el tiempo, no están incluidos en la normativa estatal de accesibilidad al transporte, que data de 2007, por lo que este sector debe amoldarse a las normas como cualquier otro servicio público de transporte. 

 

Y es que de lo contrario, se estarían vulnerando los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores, potencialmente usuarias de estos servicios, ya que no podrían contar con un transporte a disposición del público no discriminatorio ni excluyente, cualquiera que sea su modalidad.

 

El Consejo de Ministros aprobó a finales del mes de septiembre del pasado año 2018 el real decreto ley por el que cede las competencias de emisión de licencias y de regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) a las comunidades autónomas, que a su vez podrán transferirlas a los ayuntamientos.

 

La norma incluye un régimen transitorio de cuatro años para que las administraciones autonómicas y locales adapten la legislación.

 

Mientras, fue a finales de octubre cuando el Pleno del Congreso convalidó dicho Real Decreto Ley que habilita a CCAA y Ayuntamientos para regular la circulación de estos vehículos.

 

Según datos del mes de noviembre, el número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) no paraba de incrementarse y, aunque de una forma más moderada, se había disparado en los últimos seis meses más de un 70%. Mientras, atendiendo ya a datos de finales de enero, Andalucía es la tercera comunidad autónoma con más licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de España, con 1.870 autorizaciones aproximadamente, por detrás de Madrid y Cataluña.

 

Para CERMI Andalucía, la premisa irrenunciable parte de establecer (o mejorar) en nuestra regulación autonómica la antedicha reserva, de modo que, en todo caso, se respete, como mínimo, dicha proporción 1-10, a fin de dar cumplimiento a las exigencias de acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones de no discriminación a todos los bienes, productos y servicios a disposición del público, de conformidad con lo previsto en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la normativa nacional actual.